Greenpeace estimó 20.122 hectáreas desmontadas en Salta entre enero y septiembre de 2026

Greenpeace estimó que entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 20.122 hectáreas en Salta. La cifra surge de la comparación de imágenes satelitales y forma parte de un relevamiento que calculó 73.224 hectáreas desmontadas en cuatro provincias del norte argentino.

El dato clave: Greenpeace estimó 20.122 hectáreas desmontadas en Salta entre enero y septiembre de 2026.

La discusión combina el avance de los desmontes con las reglas que determinan dónde pueden autorizarse cambios en el uso del suelo y qué controles deben cumplirse. También incluye denuncias de comunidades wichí en fincas cercanas a Tartagal y un proyecto agroganadero en la finca Chaguaral, en el departamento Orán.

Qué muestran las cifras

El dato más reciente fue publicado por Greenpeace el 26 de octubre de 2026. La organización calculó 20.122 hectáreas desmontadas en Salta entre enero y septiembre, a partir de imágenes satelitales; para las cuatro provincias norteñas incluidas en el relevamiento, estimó 73.224 hectáreas en total.

En un corte anterior, difundido el 23 de julio, Greenpeace había calculado 11.960 hectáreas desmontadas en Salta entre enero y junio de 2026. La organización indicó entonces que ese resultado era el doble del registrado en el mismo período de 2025.

Las cifras de años anteriores permiten otra comparación, aunque no corresponden a los mismos períodos. En su balance anual publicado el 1 de febrero de 2026, Greenpeace estimó que durante 2025 se desmontaron 15.129 hectáreas en Salta y calculó, por separado, 18.938 hectáreas quemadas por incendios.

El Gobierno nacional también informó una cifra de largo plazo, pero referida a planes aprobados de cambio de uso del suelo y no a desmontes observados por satélite. Un informe de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, publicado el 1 de abril de 2024, consignó que Salta había declarado 76 planes aprobados de cambio de uso del suelo entre 2010 y febrero de 2024, por un total de 242.219 hectáreas.

Cómo se regula el bosque

La Ley nacional 26.331 establece que cada provincia debe ordenar y actualizar periódicamente sus bosques nativos mediante un proceso participativo. También prohíbe autorizar desmontes mientras no exista ese ordenamiento y dispone que los bosques degradados deben recuperarse sin cambiar la categoría que tenían asignada.

El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) clasifica las áreas según su valor de conservación. La categoría roja corresponde a bosques de muy alto valor que no pueden transformarse; la amarilla permite actividades sostenibles, turismo, recolección e investigación, y la verde comprende bosques de bajo valor que pueden transformarse parcial o totalmente bajo los criterios legales.

La Nación acreditó en octubre de 2025 la actualización del ordenamiento de Salta. Según la Disposición 2483/2025, la provincia registró 1.308.244 hectáreas en rojo, 5.528.753 en amarillo y 721.568 en verde: 7.558.565 hectáreas de bosque nativo en total.

Salta sancionó la Ley provincial 8.483 el 19 de diciembre de 2024, la promulgó el 27 de diciembre y la publicó el 3 de enero de 2025. La norma dio por cumplida la revisión del ordenamiento e incorporó las Áreas de Producción y Conservación (APC), identificadas como amarillo oscuro con un punto verde.

En las APC, la categoría verde se define para cada inmueble y el remanente se incorpora a la amarilla luego de una verificación técnica de sustentabilidad. La ley también exige consulta libre, previa e informada para proyectos de categoría III que intervengan en bosques nativos. Una resolución provincial del 13 de abril de 2026 agregó que toda intervención requiere un certificado de aptitud ambiental y social y la presentación previa de un plan.

Denuncias cerca de Tartagal

Referentes de comunidades wichí presentaron el 11 de agosto de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía Penal N.º 2 de Tartagal por presunta deforestación ilegal en Pozo Nuevo y en las fincas Tonono y Alcoba, cerca de la ruta nacional 86. La información disponible confirma la presentación de la denuncia, pero no una imputación ni una resolución judicial posterior.

Según el relato de esa denuncia, las tareas se realizaban a unos 500 metros de familias indígenas y podían afectar a las comunidades de Arenales, Alcoba, Cañitas y Pacará. El escrito atribuyó presuntamente trabajos en Tonono al empresario Martín Morales y señaló a la firma Desdelsur en Alcoba; son señalamientos incluidos en la presentación, no conclusiones judiciales.

Desde principios de agosto, comunidades wichí de la zona rural de Tartagal denunciaban la presencia de topadoras en Puesto Alcoba y Tonono, según una nota publicada el 7 de septiembre. Los pobladores reclamaban a la Secretaría de Ambiente información sobre los permisos y las tareas autorizadas.

El 1 de octubre, Greenpeace informó que había detectado más de 3.300 hectáreas desmontadas durante los dos meses previos en tres fincas: Tonono, Alcoba y Caraguatá. La organización sostuvo que los trabajos afectaban territorios y cementerios wichí y dijo haber documentado dos topadoras cerca de la ruta nacional 86. Noemí Cruz, coordinadora de su campaña de Bosques, responsabilizó políticamente al Gobierno provincial; esa declaración es una acusación de la organización, no una determinación judicial.

Referentes wichí señalaron que el desmonte en Tonono habría afectado a Pozo Nuevo y a su cementerio. Basilia y Marcelino Pérez describieron el monte como fuente de vida, medicina y sustento para la comunidad, según la cobertura publicada el 7 de septiembre.

El proyecto de Orán

En el departamento Orán, una convocatoria publicada el 14 de julio de 2026 llamó a una audiencia pública por un proyecto de Quebracho Colorado S.A. en la finca Chaguaral. El plan distribuye la superficie entre agricultura, manejo ganadero y conservación.

• 8.175,84 hectáreas para agricultura.
• 3.729,25 hectáreas para Manejo de Bosque con Ganadería Integrada.
• 7.985,88 hectáreas para protección y reserva.

El aviso fijó la audiencia para el 7 de agosto y el plazo para presentar pruebas para el 30 de julio. La página consultada no informa el resultado de la audiencia ni una autorización posterior, por lo que esos datos no permiten afirmar que el proyecto haya sido aprobado.

Por separado, Página/12 informó el 15 de julio que, según su relevamiento periodístico de pedidos de autorización presentados desde 2007, la empresa había solicitado intervenir casi 80.000 hectáreas en Orán, Anta y Rivadavia. La nota identificó a Chaguaral como el pedido más reciente, por unas 11.000 hectáreas.

Qué sigue

En Tartagal, la denuncia penal presentada por referentes wichí seguía siendo, según la información disponible, una denuncia por presunta deforestación ilegal: las fuentes citadas no registran una imputación ni una decisión judicial posterior. Tampoco informan el resultado de los reclamos de las comunidades ante la Secretaría de Ambiente por los permisos y las tareas en las fincas.

En Chaguaral, ya pasaron las fechas de audiencia y presentación de pruebas establecidas en la convocatoria. Sin información publicada sobre el resultado o una autorización posterior, el estado del proyecto no puede precisarse con los datos relevados.

Para cualquier intervención en bosque nativo, la normativa provincial vigente exige certificado de aptitud ambiental y social y la presentación de un plan. En las APC, además, el cambio de uso del suelo debe proponer la asignación a categoría III y considerar las limitaciones de la cuenca, según la Resolución 235/2026.

La discusión sobre esas áreas continúa abierta entre distintas posiciones. Greenpeace sostiene que las APC permiten tramitar cambios de uso del suelo en zonas antes clasificadas como amarillas y cuestiona que ese mecanismo habilite desmontes; la Ley 8.483, por su parte, establece verificación técnica por inmueble y consulta previa para los proyectos comprendidos.

Fuentes consultadas: Greenpeace Argentina, Economía Sustentable, InfoTerritorial, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Argentina.gob.ar — texto de la Ley 26.331, Cámara de Diputados de Salta — Digesto Jurídico, Argentina.gob.ar — Disposición 2483/2025, Boletín Oficial de Salta — Resolución 235/2026 y anexo, Gobierno de Salta, Economía Sustentable y Cámara de Diputados de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta, Indicadores Argentina, Página/12 — Salta/12.